Simulacro de audiencia del curso de Derecho Internacional Público

Una insólita Audiencia judicial en nuestra Facultad de Derecho

Durante las últimas dos semanas de noviembre y los primeros días de diciembre de 2018 se produjo un hecho que conmovió a la sociedad uruguaya y a la peruana: el dos veces ex Presidente de Perú, Alan García, pidió asilo diplomático en la residencia del Embajador uruguayo en Lima. Se permitió su ingreso temporario conforme a las normas aplicables y a la práctica regional en la materia e, inmediatamente después, apenas recibida toda la documentación del gobierno de Perú en que fundaba su posición contraria al otorgamiento del asilo, se inició el proceso de evaluación de la situación por la Cancillería de la República.

A las pocas semanas el Poder Ejecutivo resolvió no conceder el asilo. En el transcurso de ese período los abogados de Alan García y representantes de su partido político – el histórico APRA – realizaron varias gestiones, en Perú y en el Uruguay, para persuadir al gobierno uruguayo y a varios referentes locales de que correspondía conceder el asilo. Esas gestiones no tuvieron éxito. El asilo fue negado y el Sr. Alan García abandonó inmediatamente la residencia del Embajador luego de notificada la resolución denegatoria. Pocos días después, ante el intento de arrestarlo por orden judicial, se tomó la vida en ese momento en su propia casa dejando un testamento político en el que proclamaba su inocencia.

Nunca fueron revelados a la ciudadanía los fundamentos jurídicos esgrimidos por los abogados del ex Presidente Alan García en favor del otorgamiento del asilo y tampoco pudo conocer todos los fundamentos para su rechazo salvo los que fueron expuestos en forma somera en la propia resolución denegatoria del Poder Ejecutivo. Lo que surgía claramente de esta era que a juicio del gobierno de nuestro país no estaban satisfechos todos los requisitos establecidos en la normativa internacional aplicable para que le fuera concedido asilo diplomático al Sr. García (requisitos relativos a la naturaleza del delito del que se acusaba al ex Presidente y a la existencia de una situación de urgencia que justificara la necesidad de poner a salvo su vida o integridad física y, tampoco, los elementos de prueba que acreditaran la inexistencia en Perú de las garantías de “debido proceso” para el acusado).

Los documentos oficiales, tanto los que se refieren al pedido de solicitud del asilo como los relacionados con su rechazo, siguen siendo considerados reservados por las cancillerías de ambos países. En Uruguay no se autoriza su examen por el público y el acceso a los mismos está limitado a las altas autoridades del Ministerio del Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República. Los dos gobiernos entienden que el episodio del frustrado asilo diplomático del ex Presidente peruano es demasiado reciente, que las heridas que abrió aún no están totalmente restañadas, que el mismo despertó fuertes pasiones en varios sectores sociales y políticos en ambas naciones – muy especialmente en Perú – y que tornar públicos los archivos oficiales sobre el “caso Alan García” en este momento podría, no sólo acentuar las profundas divisiones en la sociedad civil peruana sino, incluso, llegar a afectar las relaciones amistosas entre ambos países.

Está claramente establecido que, de acuerdo al Derecho Internacional, otorgar asilo diplomático es una prerrogativa – no una obligación jurídica – del Estado al que se solicita el asilo y que, por ende, no tiene porqué fundamentar jurídicamente su otorgamiento o su rechazo. No obstante, existen normas que regulan el instituto del asilo y los gobiernos suelen invocarlas como sustento de la resolución que adopta con el fin de demostrar ante su propia ciudadanía, ante el Estado territorial de que trata y ante la comunidad internacional que su decisión, de conceder o negar el asilo, no es arbitraria ni abusiva. La Cátedra percibió que los estudiantes del curso de Derecho Internacional Público 2019 querían saber más; en realidad, querían estar seguros que la decisión de nuestro gobierno había sido legítima y justa. Para dar expresión a esa inquietud se les propuso crear una instancia en que los estudiantes pudieran investigar la cuestión a fondo y exponer sus propias conclusiones.

Se resolvió plantear un gran desafío a los estudiantes, muy conscientes que en el alma de la mayoría de los uruguayos anidan dos sentimientos contradictorios: el que se inclina por la solidaridad con todo “perseguido” que pide refugio, a quién sea y dónde pueda, que lo ponga a salvo de sus perseguidores, reales o imaginados, y, por otro, el sentimiento que no permite relegar de sus conciencias la convicción de que los delitos de corrupción cometidos por un ex gobernante no deben quedar impunes.

Para que ambos sentimientos pudiesen aflorar, ser defendidos por la razón y avalados por los hechos y el derecho, la Cátedra optó por crear una instancia en que los estudiantes fueran los únicos protagonistas de un debate abierto y ordenado sobre cuál de las posiciones debe primar: la que se inclina por concederle el asilo al ex Presidente Alan García o la que, haciendo caso omiso de la anterior, se inclina por entregarlo a la autoridad competente para ser juzgado conforme a derecho. Obviamente, a fines de cumplir más cabalmente con el propósito didáctico del proyecto, se acordó la figuración de que el ex Presidente Alan García no había fallecido y que el caso de su asilo diplomático seguía abierto.

Concretamente, la instancia consistió en invitar a todos los estudiantes de la clase de Derecho Internacional Público 2019 a participar como abogados litigantes en una audiencia única y definitiva ante un Tribunal ad hoc para presentar sus alegatos finales en una controversia judicial ficta entre el ex Presidente Alan García y la República Oriental del Uruguay. Se dividió por orden alfabético a todos los estudiantes de la clase y por sorteo se asignó a un grupo la responsabilidad de actuar como representantes legales de su patrocinado, Sr. Alan García, y al otro la de actuar como representante legal de su patrocinado, la República Oriental del Uruguay.

La “audiencia” se realizó el 5 de junio pasado ante el “Tribunal” integrado por los tres docentes de la Cátedra (Profesores Mata, Bluth y Lorente), la Secretaria Académica Dra. Esc. Ipharraguerre, el Decano Profesor Dr. Garmendia y el ex Decano Profesor Dr. Abal Oliú.

Las fotografías que se tomaron durante la “audiencia” hablan por sí mismas. Luego de la lectura de una breve “sentencia interlocutoria” dictada en el momento por el Tribunal, despejando todos los obstáculos procesales y desestimando todas las excepciones preliminares que pudiesen poner en cuestión su jurisdicción y su competencia para entender en el asunto, los estudiantes se abocaron de inmediato a cumplir su tarea de abogados de las dos partes en litigio.

Se dirigieron al Tribunal con la dignidad que la ocasión ameritaba. Expusieron oralmente por su orden sus argumentos con firmeza y decoro y ya podía avizorarse en su postura y gestualidad los abogados de un futuro no tan lejano en el ejercicio pleno de su profesión. Los integrantes de ambos grupos defendieron sus respectivas posiciones con fundamentos sólidos y profunda convicción sin abandonar, en momento alguno, el respeto y la debida consideración por los abogados de la “contraparte”. Escuchaban con atención los planteamientos de sus adversarios y los integrantes de ambos equipos tomaban febrilmente notas para preparar sus respectivas exposiciones de dúplica y réplica. De sus alegatos surgía claramente que los dos grupos habían realizado investigaciones en todas las fuentes secundarias disponibles – tarea harto difícil ante la imposibilidad de acceder a los documentos oficiales -. Los estudiantes contaban solamente con lo estudiado en clase, con los textos de las normas internacionales aplicables y un pequeño compendio de documentos alusivos extraídos de fuentes no oficiales y puestos a su disposición por la Cátedra. Y aun así, a pesar de estar tan frágilmente pertrechados, los estudiantes demostraron que habían estudiado a fondo toda la documentación disponible y que habían recurrido a su imaginación y creatividad motivados, sin duda, por el compromiso que habían asumido de dar lo mejor de sí mismos. Fue así que desarrollaron argumentos que, si bien iban más allá del marco habitual generalmente aceptado – acaso demasiado rígido – que suele poner coto al excesivo entusiasmo y vuelo imaginativo de los curiales, en esta instancia contribuyeron a enriquecer el debate.

Todos los integrantes del tribunal felicitaron a los estudiantes por su excelente trabajo y pudieron percibir en todos los participantes una sorprendente transformación: los estudiantes que presentaron sus alegatos ante el Tribunal el 5 de junio pasado ya no eran los mismos que empezaron sus estudios de Derecho hace apenas poco más de un año. Expusieron con firmeza, convicción y mucho esmero los alegatos finales en ese litigio “judicial”; el primero de los muchos que seguramente nutrirán su vida profesional una vez que reciban su título de abogado en esta casa de estudios y presten su solemne juramento ante la Suprema Corte de Justicia de la República.

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