“La evaluación de políticas públicas constituye una oportunidad para mejorar las capacidades estatales y construir políticas de calidad” Leopoldo Font.
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¿Será cierto, como dice el maestro Tabárez, que el camino es la recompensa?
En 2015 escribíamos el informe de Uruguay para la publicación Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina y lo titulábamos «Pequeños pasos, grandes movimientos». Uruguay estaba en pleno proceso de consolidación de un sistema que parecía que perduraría. Estábamos muy entusiasmados, ya que desde los orígenes de la red de evaluadores y evaluadoras promovíamos una cultura de evaluación, por entenderla indisolublemente ligada a la calidad democrática.
En esa dirección, desde el organismo correspondiente se realizó en mayo de 2016 un taller de desarrollo de capacidades en monitoreo y evaluación y en setiembre de 2017 un plan nacional de desarrollo de capacidades para el monitoreo y la evaluación (DCME). Sin embargo, en el contexto de hoy, aquel informe habría que titularlo «Pequeños movimientos, grandes pasos».
En el año 2020, la ley 19889, en su artículo 305, creó la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, y ello significó un gran paso para el sistema de evaluación en Uruguay, donde no existe una normativa que regule la evaluación del conjunto de la política pública a nivel nacional. Así, con la creación de la Agencia es posible pensar que toda la normativa dispersa logrará formar un ecosistema de evaluación que nos permitirá alcanzar mejores resultados en el mediano plazo.
Sin embargo, existe una legislación que atribuye poderes de evaluación a algunas agencias estatales. Este es el caso de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEEd), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la propia agencia recientemente creada en el ámbito de la Presidencia de la República.
Cada organismo prioriza el desempeño de la evaluación en sus áreas de especialización, y la OPP, como organización transversal, además de realizar evaluaciones, trabaja en la institucionalización y promoción de una cultura estatal de evaluación.
La Agencia se constituye así con el cometido principal de «realizar el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas que fije el Poder Ejecutivo, como forma de maximizar la eficiencia administrativa, a cuyo efecto actuará con autonomía funcional e independencia técnica».
Si bien es un gran paso, nos resulta de todas formas insuficiente centrar el cometido en la maximización de la eficiencia administrativa. La calidad del gasto es sin dudas un enfoque de gestión pública a seguir, pero la eficiencia administrativa no debe estar en el centro de la evaluación. Lo importante en una evaluación son tanto los procesos como sus resultados, y obviamente estos deben obtenerse con una buena gestión de los recursos.
Compartimos con CIPPEC que las agencias especializadas en la evaluación de políticas públicas constituyen, sobre todo, una oportunidad para mejorar las capacidades estatales y construir políticas de calidad a largo plazo. Las evaluaciones deben generar conocimiento y aprendizajes sobre lo que funciona bien y lo que no, para tomar mejores decisiones sobre las intervenciones estatales que afectan la vida de las personas. Porque el centro de las políticas públicas y, por ende, el centro de la evaluación, tiene que estar orientado a la calidad democrática y a la calidad de vida de las personas.
Nos resulta cuestionable, por decir lo menos, que se haga referencia a la autonomía funcional e independencia técnica cuando la dirección de la agencia es nombrada por el presidente de la República. Existen muchos modelos pero, para que una agencia de evaluación sea creíble, debe ser realmente independiente.
Al ser extremadamente insuficiente la práctica de la evaluación, tiene poco sentido hablar de su enfoque de género o de derechos y, mucho menos, hablar de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el diseño como en el seguimiento y la evaluación de las políticas, pero estos asuntos no pueden quedar por fuera de la agenda de la nueva agencia.
Por lo dicho, suena muy bien contar con una agencia. Lamentablemente no tiene definida aún una forma operativa ni está reglamentado su funcionamiento. Un gran paso, pero pocos movimientos que den claridad hacia dónde se encamina la evaluación de políticas públicas en el Uruguay.
Como dice el maestro Tabárez, el camino es la recompensa. ¿Será este el caso? ¿Lograremos en Uruguay mejorar la calidad democrática, la calidad de vida de las personas, haciendo evaluaciones de calidad? ¿Será este camino (algo sinuoso) el que nos lleve a ese lugar?
Ya ha pasado más de un año desde la creación de la agencia y al momento se han dejado de realizar evaluaciones; esta agencia aún no está operativa y son muy pocos los movimientos que se ven. Apenas se ha designado su dirección ejecutiva. Es hora de actuar.
* Leopoldo Font es vicerrector de Desarrollo de la Universidad CLAEH, coordinador de la Red Uruguaya de Evaluadores y Evaluadoras y profesor de la Universidad de la República. Es miembro de la UIM. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la ReLAC. Es editor asociado de Cuadernos del Claeh N°112 que tuvo como temática, justamente, «Evaluación y desarrollo sostenible».
Disponible en: http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/issue/view/30
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