Observar los datos como sociedad civil: una herramienta contra la violencia de género

¿Qué dicen los datos cuando se los mira fuera de los registros oficiales? ¿Qué cambia —y qué no— en la violencia de género en Uruguay? A partir de años de trabajo en investigación y activismo, Teresa Herrera y Helena Suárez Val analizan las persistencias del feminicidio, los límites de las políticas públicas y el desafío de construir información más completa para intervenir mejor.

En este diálogo, hablaron sobre el registro de femicidios y sobre los principales desafíos para comprender y prevenir el feminicidio en Uruguay.

Periodista (P): ¿Hay un registro no oficial de femicidios?

Helena Suárez (HS): Yo vengo llevando adelante el registro Feminicidio Uruguay  desde 2015. Es un registro que hago a partir de monitoreo de medios de prensa y es el que se va a trasladar, expandir y profundizar a través del observatorio de UCLAEH con la Cátedra de Género y Generaciones.

El trabajo que hago es a partir del monitoreo de prensa. Además, la base de datos que conforma este registro también incluye bases anteriores, sobre todo una que comenzó como una campaña en el comunal 9 de Montevideo, que después siguió la ONG Caminos, el grupo raíces en Tacuarembó y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Son datos desde 2001. Los datos que yo conozco desde el activismo en Uruguay son desde 2001 hasta hoy.

 

 

P: ¿Cómo podríamos decir que es el panorama hoy?

HS: No se ven grandes cambios en las tendencias de las estadísticas. En Uruguay, el ritmo de feminicidio es casi una constante. Hay variaciones, algunos años más, algunos años menos. En general, la línea de tendencia que se ve a partir del análisis de estos datos, que son los datos registrados por las activistas, es una línea con una muy leve tendencia a la suba, que se podría explicar por un mayor aumento de la visibilidad de los casos en los medios de prensa, así como por la concientización también sobre este tipo de violencias. A veces lo encuentro descorazonador, pero es la realidad. Es un país donde el feminicidio tiene una tasa también bastante alta comparada con otros países. Sobre todo comparada con la percepción que hay de Uruguay como un país muy progresista.

P: ¿Cómo estamos en esa comparación?

HS: Cuando miramos las tasas de femicidio, estamos en niveles comparables con otros países que consideramos violentos, como México o como Centroamérica. No estamos demasiado lejos de las tasas de otros países y en algunos casos las hemos superado en algunos años.

Lo otro que te puedo decir de la distribución geográfica es que, obviamente, en términos del número de casos, hay una concentración en Montevideo por un tema de población, pero las tasas más altas no son en Montevideo, sino que son en el interior. A menos que estudies los municipios. Hay trabajos que se ponen a estudiar algunos de los municipios de Montevideo que tienen tasas también bastante altas. En general, no podríamos de una tendencia sino de un problema que se mantiene persistente con unas características.

 

 

Teresa Herrera (TH): Quiero enmendarle la plana al ministro, que acaba de decir hace poco la barbaridad de que los femicidios disminuyeron. Eso es según los registros oficiales, pero los registros oficiales (por eso la creación del observatorio) dejan mucho que desear. Los registros oficiales no toman, por ejemplo, las muertes dudosas. Si tomás un registro oficial proveniente de la fiscalía, tampoco las toman. Lo de que la tasa disminuyó en 40 % es un disparate, es decir, no es verdad.  Lo que tendremos con el observatorio va a ser la posibilidad de analizar en su conjunto más tiempo, veinte años, por ejemplo.

Si bien coincido plenamente con Helena en que no ha habido cambios, sí tenemos obligación, como investigadoras, de vislumbrar algunos de los cambios que se están dando. Si bien se mantiene claramente el predominio de lo que es el femicidio íntimo, es decir, el femicidio perpetrado por pareja o expareja, también están empezando a aparecer casos de femicidio en el marco del crimen organizado. Y ese es un tema que nos preocupa y nos ocupa. En el proyecto que tenemos presentado en la Unión Europea hay un fuerte énfasis en eso, porque, además, eso tiene su incidencia en los mismos lugares donde decía Helena  que es donde se dan las tasas más altas. Es decir, en la frontera y algunos municipios determinados, donde la presencia del crimen organizado es muy fuerte. La idea es que el observatorio enriquezca y utilice todos estos datos tan ricos que hay.

P: Los femicidios enmarcados en el crimen organizado, ¿pueden pensarse como un nuevo tipo de desigualdad?

TH: Tenemos que, lamentablemente, que hablar de una nueva transversalización que tiene que ver con el crimen organizado. Y que no es solo tráfico de drogas. Es más, en el caso de femicidio tiene más que ver la trata, sobre todo de personas, que el tráfico de drogas, lo cual no quiere decir que tráfico de drogas no tenga que ver.

 

 

«Hay muchas condiciones estructurales que hacen que las mujeres estemos en una situación en la que la vulnerabilidad es más posible».

 

P: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para un femicidio?

TH: Los factores de riesgo tienen que ver primero con antecedentes. O sea, si ya hubo registros de violencia por parte de esa pareja, que pueden ser con esta pareja como con parejas anteriores. Esa es de las cosas que normalmente, además, funcionan bastante mal en el sistema. Es decir, nos encontramos con casos en que el hombre tenía tres denuncias de dos parejas anteriores y nunca tomaron conciencia o nunca lo registraron adecuadamente.

Otro de los factores de riesgo es la existencia de armas dentro de las casas. Otro también importante es el consumo abusivo de sustancias, lo cual no quiere decir, y acá tenemos que aclarar claramente, no todas las personas que tienen consumo de sustancias son femicidas. Lo que pasa es que el consumo de sustancias agudiza determinadas condiciones preexistentes de agresividad, de violencia, etcétera.

Otro de los factores de riesgo es la existencia de antecedentes ya dentro de la propia pareja. Es decir, antecedentes de conflictos fuertes dentro de la propia pareja. Un análisis más fino implica, por ejemplo, saber si hay condiciones de control por parte de la pareja. Por ejemplo, aquellas parejas en las que el hombre no deja trabajar o, si deja trabajar, la va a buscar a la entrada de la salida. Ese tipo de cosas. O las separa de la familia.

Son las cosas que, cuando una entrevista a una mujer que viene a pedir ayuda tenemos que tener más en cuenta para poder ver si hay riesgo. El femicidio no es un clavel del aire. Siempre es el final de un proceso. No es que el tipo se levantó un día, loco, y dijo: “La voy a matar”.  Lo que existe es un proceso que culmina en el femicidio. Por eso nosotras siempre decimos que todos son evitables.

HS: Agregaría que, en general, los factores de riesgo se observan desde el punto de vista de las víctimas. Pero también es interesante entender el factor de riesgo del victimario. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se calculan las tasas de feminicidio por cada cien mil mujeres. Podría ser interesante hacer el recuento al revés, contar las tasas de feminicidio por cada cien mil hombres, es decir, pensándolo en cada cuántos hombres es posible que haya un victimario. Y ahí eso está un poco menos estudiado, cuáles son las historias de los victimarios.

Es un tema que es importante seguir abordando, justamente para entender. Hay que tratar de entender el femicidio en toda su complejidad, y desde la perspectiva de los agresores, no solamente desde las víctimas, para no terminar en un proteccionismo. De que las mujeres se tienen que cuidar de tal cosa, tal otra y tal otra… Es importantísimo que el Estado tenga esas herramientas para proteger a víctimas en potencia, pero no queremos promover que somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar. También tenemos que pensar cuáles son los riesgos para que los hombres no terminen concluyendo en violencia.

 

«El femicidio no es un clavel del aire. Siempre es el final de un proceso».

 

P: Si hablamos de prevención, ¿cuáles serían dispositivos efectivos?

HS: Cuando hay una mujer en una situación de posible riesgo, es el Estado el que tiene que activar todos los recursos a su disposición para que no suceda esa muerte que, como dice Teresa, es perfectamente evitable. Es una línea fina entender esto sin terminar dando discursos que revictimizan a las mujeres o que ponen toda la responsabilidad dentro de ellas, sino al revés pensarlo desde que la responsabilidad es de todas las personas, es la sociedad toda.

Cuando analizamos el feminicidio, estamos hablando de una expresión de violencia sostenida y fortalecida por el sistema de género. O sea, estamos hablando de relaciones de poder. No estamos hablando ahí de que ese hombre tenía más fuerza que esa mujer. Estamos hablando de un sistema estructural de toda la sociedad que habilita ciertos comportamientos. Y, como decía Teresa, es un continuo. Es un continuo dentro de una pareja, pero también más ampliamente. Al lugar que tenemos las mujeres en la toma de decisiones políticas, al lugar que tenemos las mujeres en el mundo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas condiciones estructurales que hacen que las mujeres estemos en una condición en la que la vulnerabilidad es más posible. Ahí el Estado es donde tiene que intervenir, no solamente con la prevención específica del feminicidio, que debe ser mejorable, sino también con garantizar la igualdad para todas las mujeres, porque es ahí donde podemos empezar a revertir ciertos comportamientos que son culturales también.

TH: A mí me gustaría acá rescatar otra dimensión. El Estado tiene la obligación de garantizar. Pero también la comunidad. Podemos referirnos a un caso muy reciente: el de Las Piedras, donde un hombre tenía a dos mujeres encerradas en una situación tremenda, con gurises, y todo el barrio lo sabía. Es más, en una entrevista en televisión, una gurisa vecina dice: “Sí, la verdad es que estoy arrepentida, y muchos de nosotros, porque tendríamos que haber hecho algo antes; todos sabíamos”. Entonces, subsiste —y ahí viene lo del cambio cultural— la idea de que “puertas adentro yo no me meto”.

Entonces, el tema es cómo fallan las instituciones y falla la comunidad, que tampoco ve el caso como propio o como algo en lo que tiene que hacer algo o comprometerse.

P: También está la prevención desde la educación. ¿Qué se puede hacer?

TH: En eso estamos. La Cátedra se creó para cumplir la ley, la 19.580. Pero somos de los pocos, escasos casos. El fallo en el caso del muchacho que mató al padre, Moisés, muestra claramente cero perspectiva de género. Y esos profesionales son productos de una universidad y son gente joven. La ley dice claramente que estas cosas hay que enseñarlas en todos los niveles de enseñanza. La ley tiene siete años, no tiene dos días.

HS: Muchas veces lo que pasa en la oferta que tienen las universidades es que son formaciones opcionales. Entonces, ¿quiénes eligen hacerlo? Las personas que ya están interesadas, que ya están sensibilizadas. O sea, como dice Teresa, tiene que empezar en jardinera. Y en eso siempre aparecen resistencias muy fuertes, porque el cambio tiene que ser cultural. Lo legal no alcanza. Y los cambios culturales se dan de a poquito, son procesos y hay siempre resistencias.

¿Cuál es la importancia de ese registro?

TH: Tenemos una larga trayectoria de datos no reales y de decisiones que se toman sin basarse en la evidencia. Estas temáticas están muy atravesadas por los mitos, por los estereotipos, por los prejuicios. Nosotros hicimos el estudio de denuncias falsas porque hasta el propio expresidente mandó una ley al Parlamento con una exposición de motivos que decía: “Como es notorio, los tribunales están llenos de denuncias falsas”. Siempre lo ponemos como el mejor ejemplo de cómo se toman decisiones políticas desde más alto nivel sin tener la más mínima evidencia.

Claro que hay diferencias entre lo que son los registros oficiales y lo que son los registros de activistas y va a seguir habiendo seguramente en la medida en que no haya una real profundización. Hay una cifra casi igual de muertes de mujeres dudosas, sin aclarar, como los femicidios que tiene registrado el Estado. Yo no digo que todas esas sean femicidios, pero un número importante deben de serlo.

P: En cuanto al registro, ¿qué datos se recogen allí?

HS: El registro se ha basado principalmente en un documento que se llama Modelo de Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Femicidio-Feminicidio, preparado por la ONU, en el que se designan distintas categorías de feminicidio y donde se establece —y creo que esto es fundamental— que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario.

Incluye distintas categorías. El feminicidio íntimo es el que venimos mencionando con mayor frecuencia y el que se ha dado más en Uruguay. Es el que ocurre cuando una pareja o expareja asesina a una mujer. Femicidio familiar, femicidio sexual… creo que esos son los tres tipos que la población entiende mejor.

La mayor cantidad de víctimas de asesinatos a manos de pareja o expareja son mujeres, y la mayor cantidad de victimarios en estos casos  son hombres. Pero después entran en juego otros casos, como decía Teresa. Por ejemplo, los feminicidios de mujeres trans, que también se denominan transfeminicidios, o los casos  que se designan feminicidios en contexto de crimen organizado.

Tenemos casos en México —el más estudiado— donde se ha utilizado el asesinato de mujeres como forma de disputa de territorios entre bandas, por ejemplo. No sabemos si eso está sucediendo en Uruguay, porque no ha sido estudiado.

Después tenemos feminicidios por profesión estigmatizada, como el caso de las mujeres que ejercen trabajo sexual o prostitución y que son asesinadas en el curso de ejercer esa actividad.

El registro que venimos haciendo considera estos casos más amplios, que quizás dentro de la ley estarían contemplados, porque en realidad la ley considera femicidio cuando hay estigmatización, discriminación o desprecio hacia las mujeres.

Pero, en general, dado que la ley incluye tres ejemplos y en esos ejemplos se habla de una relación previa o de un componente sexual en el caso, se tiende a restringir la categoría a los casos más familiares.

Por eso, como decía Teresa, siempre va a haber distinciones entre el registro activista —que tiene una mirada más amplia sobre los asesinatos que ocurren en el contexto del sistema de género— y el registro oficial. Este sistema genera una vulnerabilidad y también un potencial de impunidad, si no legal, al menos social. El “era buen padre”, por ejemplo, cuando se dicen esas cosas que de alguna forma justifican al agresor o minimizan la violencia ejercida.

El Estado sí tiene registros, y dentro del Estado hay operadoras que trabajan muy bien, pero no ha sido sistemático en su publicación. Como dice Teresa, eso genera dudas sobre cuánto se han utilizado esos datos para diseñar políticas públicas adecuadas.

Y es sano que haya diferencias, porque el Estado tiene una visión más legal, más estructurada     , sobre todo en el ámbito de la justicia. Aunque no son los mismos números los de justicia que los del ministerio del interior, justamente porque este último      lidia con la realidad en el territorio y      sabe que un tipo de violencia, se le ponga un nombre u otro, debe ser atendido de la misma manera. En cambio, en el Poder Judicial se debe juzgar como tal o cual figura, y el lenguaje es mucho más restringido.

La idea de tener un registro activista es confrontar esos datos del Estado, impulsar que el Estado mire aquello que todavía no ve —porque tiene puntos ciegos— y también seguir aportando información. Pero      no se trata solo de confrontar, sino de contribuir para que el Estado pueda generar políticas públicas más precisas.

 

«La resistencia al cambio y a la perspectiva de género es fuerte. Y lo estamos viendo también a nivel global: hay un resurgimiento de discursos de masculinidades exacerbadas».

 

P:¿Qué ha sido exitoso en otros países? ¿Estamos ante un problema de recursos, de falta de coordinación o de enfoque de la política?

TH: Es de las tres cosas: es de recursos, es de falta de coordinación y es de enfoque de la política. Pero yo siempre digo: somos feministas porque somos gente con esperanza; si no, estaríamos liquidadas. Pero sí, te digo, son las tres cosas.

Los recursos son paupérrimos, la falta de coordinación agrava esa situación, y la otra cuestión es la política pública como tal. No hay evaluaciones de impacto —salvo en tobilleras, que yo conozca—, no hay ninguna evaluación de impacto del Estado uruguayo sobre su política en torno a este tema.

Y, con respecto a otros países, las respuestas que yo conozco, que son las más eficaces, son las respuestas integrales, y esto tiene que ver con la coordinación y con la organización. Es decir, aquellos lugares donde territorialmente la mujer puede ir y acceder a todo, sin tener que peregrinar de un lugar a otro para la atención de salud, para la denuncia, etcétera. Los lugares donde está todo junto y se articula permiten trabajar muchísimo mejor.

HS: Quería agregar a la tríada un cuarto punto, que son las resistencias internas. Hay dentro del Estado, además de lo que estamos hablando —recursos, coordinación y enfoque—, resistencias ideológicas. La resistencia al cambio y a la perspectiva de género es fuerte. Y lo estamos viendo también a nivel global: hay un resurgimiento de discursos de masculinidades exacerbadas, como en el caso de Donald Trump y otros líderes, que promueven posiciones antiperspectiva de género, contra el aborto, contra derechos adquiridos.

Incluso, en Estados Unidos se ha hablado de revisar el voto de las mujeres en algunos casos. No estamos en una burbuja: estos discursos están muy presentes, y también, aunque de forma más moderada, en el Estado uruguayo.

Y lo otro que quería decir, como ejemplo de política más exitosa, es la articulación entre activismo y Estado. Conozco experiencias donde las activistas que producen datos participan en espacios de revisión y consulta con instituciones estatales.

Por ejemplo, el Ministerio del Interior creó recientemente un Área de Estadística y Criminología Aplicada      para producir datos más sofisticados. Sería interesante ver qué participación puede tener ahí el observatorio de feminicidio como actor de la sociedad civil.

En general, esa articulación es clave. Las activistas y la academia no estamos solo para confrontar al Estado, sino también para colaborar y contribuir.

Por eso es importante generar espacios donde esa articulación sea posible y que se jerarquice, cosa que no pasó con el observatorio de violencia de género que existe en el Estado, pero que fue totalmente desjerarquizado y casi nadie conoce.

TH: Hasta ahora, lamentablemente —y ahí le duelen prendas a todos los gobiernos—, más allá de que en algunos los discursos son más proclives a la sociedad civil, en definitiva siempre se la piensa y se la utiliza como el brazo ejecutor de políticas que se definen desde el Estado. Cuando, en realidad, en estos temas la sociedad civil ha sido la precursora, es la que los ha puesto sobre la mesa, es la que tiene el mayor acumulado.

 

«Las activistas y la academia no estamos solo para confrontar al Estado, sino también para colaborar y contribuir».

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