Proyecto Crisálidas: Transformar la política penitenciaria para garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad
El pasado martes 1 de octubre, en el marco del proyecto Crisálidas, financiado por la Unión Europea, y cofinanciado y ejecutado por la Universidad CLAEH e Incidem, se realizó un encuentro que reunió a actores de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas y partidos políticos para debatir sobre políticas penitenciarias enfocadas en mujeres privadas de libertad.
Dado el contexto preelectoral, se invitó a candidatos y representantes de los partidos políticos. Asistieron Guido Manini Ríos y Antonio Romanelli (Cabildo Abierto), Patricia González, Graciela Barrera y Gabriela Valverde (Frente Amplio).
Faltan derechos, sobran las cárceles
Durante la actividad, desde el Plenario de Organizaciones de Crisálidas —integrado por El Abrojo, Mizangas, Vida y Educación, y la Red Internacional de Economía Humana (RIEH)—, Valeria Caggiano compartió el manifiesto político de la sociedad civil titulado “Faltan derechos, sobran las cárceles”, documento que fue redactado por Ariadna Cheroni. Este manifiesto reflejó las demandas y propuestas de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y sus oportunidades de reinserción social.
En el manifiesto se destaca la preocupación de que, en pleno período electoral, ninguno de los candidatos esté tratando la política penitenciaria como un tema prioritario. Además, se subraya el aumento del 965% en el encarcelamiento de mujeres en Uruguay en las últimas dos décadas, las condiciones críticas de hacinamiento y trato inhumano, y la normalización de las inequidades de género, raza y clase en el sistema penal.
Para superar esta situación, se proponen medidas urgentes como el inicio de un proceso de desinstitucionalización de mujeres encarceladas con sus hijos/as, y la implementación de acciones que garanticen condiciones de vida dignas para todas las mujeres privadas de libertad. Se recomienda clausurar definitivamente el Nivel 5 de la Unidad N° 5 y mejorar las condiciones edilicias, alimentarias y de atención en salud en todas las unidades.
Asimismo, se insta a revisar de manera urgente la situación procesal de las mujeres condenadas por delitos relacionados con drogas antes de la aprobación del aditivo para reducir la pena por microtráfico (Ley N° 20.212), entre otras medidas. También se impulsa la creación de un Consejo Nacional Consultivo para la Inclusión Social de las mujeres sancionadas por el sistema penal, con participación activa de la sociedad civil.
Acerca del diagnóstico
Durante el encuentro se presentaron los avances preliminares del Segundo Diagnóstico sobre las problemáticas y necesidades de las mujeres en el sistema penitenciario, realizado por la consultora Nómade, centrado en la realidad de las mujeres privadas de libertad y aquellas que han egresado del sistema penitenciario. El diagnóstico proporcionó una visión detallada sobre las condiciones que enfrentan, destacando aspectos como la infraestructura, la falta de acceso a servicios médicos especializados y la escasez de oportunidades educativas y laborales, entre otros. La exposición estuvo a cargo de Florencia Roldán.
En julio de 2022, según el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), había 1.033 mujeres privadas de libertad en Uruguay. De estas, el 63,7% se encontraba en centros penitenciarios de Montevideo, y el 36,3% restante en centros del interior. Del total, el 99,8% se identifica como mujeres cis y el 0,2% como mujeres trans. En términos de edad, el 20% de las internas tiene entre 19 y 24 años, el 57,9% tiene entre 25 y 39 años, y el 22,1% tiene entre 40 y 69 años.
El diagnóstico también resaltó que el 85,6% de las mujeres privadas de libertad ya han sido condenadas, mientras que el 8,7% se encuentran formalizadas y el 4,8% se encuentran penadas. Los principales delitos por los que fueron condenadas son el tráfico de drogas, hurto o rapiña, y homicidio, que constituyen la mayoría de los casos. Además, se hizo hincapié en las diferencias entre las mujeres de Montevideo y las del interior, destacando que muchas en el interior vivían en barrios periféricos, mientras que en Montevideo había una mayor dispersión.
Tras la presentación del manifiesto y el diagnóstico, se abrió una mesa de diálogo político con la participación de Tania Ramírez, del Colectivo Mizangas; Fernando Leguizamón, de Vida y Educación; Paula Lacaño, del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); Jorge Penedo, de la empresa TEYMA; y Ana Juanche, de la Universidad CLAEH; bajo la moderación de Teresa Godoy, coordinadora del Proyecto Crisálidas.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de José Luis Pimentel, coordinador de Cooperación Española para el Cono Sur, seguido por Doerte Bosse, jefa de Cooperación de la Unión Europea; Andrés Lalanne, presidente de la Junta Directiva de la Universidad CLAEH, y Luis Mendoza, director del INR. La jornada concluyó con las reflexiones de Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario, quien instó a fortalecer la institucionalidad para abordar esta problemática.
Acerca de Crisálidas
El Proyecto Crisálidas busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y contribuir a su reinserción social y laboral. La colaboración entre academia, sociedad civil, instituciones públicas y sector privado ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto. Entre las acciones destacadas, se encuentra el fortalecimiento de la sociedad civil mediante la consolidación de un espacio de diálogo, y la elaboración del documento
“Faltan derechos, sobran las cárceles”. Además, se ha publicado un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el sistema penitenciario. En cuanto a intervenciones directas, se realizaron talleres para mujeres privadas de libertad
y liberadas, enfocándose en la reinserción socio-laboral, y se colabora con el sector privado para identificar oportunidades de integración. El proyecto también ha impulsado la donación de un ecógrafo al sistema de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad de ASSE, y la publicación del policy paper “Pautas para la inclusión de las mujeres privadas de libertad en Uruguay”.
En el ámbito de la capacitación, se formaron más de 180 personas a través de diplomados y cursos especializados en intervención socioeducativa y técnica en ejecución penal. También se distribuyó una guía con información útil para mujeres privadas de libertad en todas las unidades penitenciarias del país.
Finalmente, se han lanzado campañas y manuales de sensibilización, como la iniciativa “Mujeres trabajadoras, mujeres libres”, dirigida al sector empresarial, y la publicación de la guía “Estrategias para una comunicación interseccional” junto con la campaña “Mujeres ciudadanas”.
Con el evento del 1 de octubre de 2024, se marca una etapa clave del proyecto, abriendo nuevas oportunidades para seguir avanzando en la mejora de las políticas penitenciarias en Uruguay, con un enfoque especial en las mujeres en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
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