Red de Centros de Pensamiento y Propuesta puso foco en la reinserción de los liberados
Más de 6200 personas se liberan por año y hay pocos recursos humanos y económicos para atenderla. El presupuesto anual de la Dinali es de 300.000 dólares y solo hay 73 funcionarios en esa dirección, dijo Jaime Saavedra, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.
Ana Juanche, del Instituto Nacional de Rehabilitación, informó que Uruguay tiene 320 presos cada 100.000 habitantes y que la reincidencia es de 64%. El costo de la privación de libertad es de USD 10.750 anuales por preso. Juanche sostiene que invertir en reinserción es invertir en seguridad pública y cree que el egreso se debe trabajar desde el ingreso.
Saavedra y Juanche fueron dos de los expositores de un conversatorio que organizó recientemente la Red de Centros de Pensamiento y Propuesta del Uruguay, con el título “Propuestas para la reinserción social y económica de personas liberadas del sistema carcelario”.
El objetivo de este tipo de actividades es avanzar en temas que puedan ser insumos de la políticas públicas y que sean un puente entre lo académico y la ejecución de política, destacó el rector de la Universidad CLAEH, Andrés Lalanne, quien recordó que la Red es un ámbito de actuación de múltiples y diversos centros de pensamiento, que abordan temas transversales y formulan propuestas.
Martín Dibarboure, de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), enfatizó en el carácter global del concepto de desarrollo, incluyendo crecimiento económico, social, medioambiental, entre otros aspectos. Y habló del necesario vínculo entre lo académico y la ejecución de las políticas públicas.
Beatriz Abizanda, del BID, analizó programas que han funcionado en diversos países y marcó que si bien Uruguay tiene altas tasas de prisionalización, el delito no se ha reducido. También destacó la relevancia de contar con indicadores adecuados: lo que no se mide no puede ser objeto de políticas públicas, dijo.
Luis Parodi, director de la Unidad 6 de la cárcel de Punta de Rieles, opinó que el ejército y la Policía no son adecuados para educar. “Un educador es un bicho que genera democracia”, dijo. Enfatizó que si no cambia el código cultural de cómo se relaciona una persona con la otra no importa que trabaje o que estudie, cuando salga de la cárcel, le va a ir mal. En cambio, si se encuentra un sentido a la vida, se tiene un 80% ganado, agregó.
Richard Read, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, llamó a preguntarse cómo se puede evitar la reincidencia y expuso lo que hace la FOEB en 78 escuelas rurales. También se armaron centros sociales y educativos que tienen robótica, inglés, ajedrez, matemática e idioma español en contrahorario de la escuela primaria, dijo. Llegaron así a tener cero repetición y educadores comprometidos. Ahora van por las escuelas de oficios y tuvieron una respuesta formidable de las empresas: donación de herramientas y materiales y contratación de las personas capacitadas, remarcó.
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, considera que hay una guerra civil no declarada, donde la cárcel es una etapa más. “Es todo parte de lo mismo: la violencia es una disrupción de lo que esperamos de un ser humano”, dijo y se preguntó qué hacer ante eso.
“Hoy hablamos de los 11.000 presos que tiene Uruguay, pero no pensamos en los hijos de esos presos. El Estado, los organismos, en general están ausentes. Y ya países como EEUU, que tenían altas tasas de prisionalización, se han dado cuenta de que cuanto más presos hay, más delitos hay”, expresó.
Carmen Midaglia, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, relató la exitosa experiencia de algunos docentes de esa facultad. Actualmente, 40% de las personas que viven en la calle provienen de las cárceles, dijo.
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