Nuevo espacio de diálogo con instituciones, la academia y sociedad civil sobre mujeres privadas de libertad en Uruguay

Con financiamiento de la Unión Europea se inició un proceso de diálogo entre instituciones públicas, la sociedad civil y la academia, para mejorar las condiciones de vida y oportunidades de reinserción de las mujeres privadas de libertad en Uruguay.

El puntapié fue un conversatorio realizado el 14 de setiembre en modalidad virtual, que se vertebró a partir de buenas prácticas y experiencias que presentaron especialistas de Argentina, Chile y España.

Este espacio de diálogo se abre en el marco de Crisálidas, una iniciativa de cooperación internacional que hace foco en la inclusión de mujeres privadas de libertad en Uruguay y que es ejecutado por la Universidad Claeh e Incidem y en colaboración con El Abrojo, Mizangas, Vida y Educación y la Red Internacional de Economía Humana (RIEH).

El primer encuentro logró convocar a los principales actores e instituciones vinculadas a la temática en el país y fue valorado de forma positiva por todas las partes. En esta línea, se subrayó la falta de instancias semejantes en Uruguay.

El proyecto Crisálidas prevé avanzar en la construcción de un espacio para el diálogo político. El objetivo es propiciar la generación de un ámbito franco de intercambio y encuentro para compartir ideas, reflexiones, conocimiento y propuestas concretas para mejorar las políticas públicas en materia de privación de libertad con foco en las mujeres.

Luego de cada encuentro se publicará su correspondiente relatoría, de cara a contribuir con el conocimiento de buenas prácticas y experiencias y a propuestas específicas para la política uruguaya.

Acerca del conversatorio 

El conversatorio con el que se puso en marcha el ciclo “Diálogo político: buenas prácticas, mujeres privadas de libertad y derechos humanos en Uruguay” contó con palabras del jefe de la Sección Cooperación de la Unión Europea en Uruguay, Markus Handke, de la asesora en Derechos Humanos de la oficina de ONU en Uruguay, Graciela Dede y del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.

Asimismo, se destaca la asistencia de representantes del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria (Instituto Nacional de Rehabilitación y Fiscalía General de la Nación), así como de organizaciones de la sociedad civil y la academia.

El diseño metodológico de la actividad fue realizado por la experta española Concepción Yagüe (Incidem) y los especialistas uruguayos Jaime Saavedra y Julián Suquilvide (Red Internacional de Economía Humana en Uruguay) y también fueron los responsables de la identificación de las buenas prácticas que se presentaron.

La moderación general de la actividad fue realizada por Teresa Godoy (Incidem), que junto a Andrea Hernández (UCLAEH) comparte la coordinación del proyecto Crisálidas.

El diálogo: tan bienvenido como necesario 

El jefe de la Sección Cooperación de la Unión Europea en Uruguay, Markus Handke expresó en su oratoria inaugural que “el tema de derechos humanos es un tema central para la Unión Europea, forma parte de la historia, de la genética de la Unión Europea. El respeto de los derechos humanos es primordial para una sociedad próspera, pacífica y segura”.

El diplomático destacó que “Uruguay es un país que tiene una buena institucionalidad, una historia de democracia, de respeto de los derechos humanos”. Sin embargo, apuntó que “sí hay algunas debilidades y una de esas debilidades son justamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y también la falta de oportunidades para una reinserción después de la pena.”

En clave de respuesta a esta problemática, Handke expuso que a través del proyecto Crisálidas la Unión Europea está apoyando el diálogo y el intercambio de ideas entre diferentes actores y subrayó que “no se trata de traer recetas, es una cuestión de compartir las experiencias y encontrar inspiración en las ideas de los otros”.

Andrea Hernández, en representación de Leopoldo Font, vicerrector de la Universidad Claeh, explicó que a través de este ciclo de diálogo se busca acercar nuevas ideas y prácticas para reflexionar en colectivo. “Es fundamental el trabajo en red y el trabajo articulado entre diferentes actores – tanto de la sociedad civil organizada, como desde el Estado, la academia y la cooperación internacional”, señaló.

Graciela Dede también valoró como positiva la apuesta al diálogo que se realiza desde Crisálida y apuntó que “son muy importantes estos espacios para discutir acerca de la privación de libertad. Particularmente, en el tema de mujeres y privación de libertad”.

Conclusiones en clave de derechos humanos  

El conversatorio concluyó con una serie de reflexiones compartidas por parte del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. El jerarca también subrayó la importancia de que se generen ámbitos de diálogo y señaló que el proyecto Crisálidas “es particularmente relevante y encuadrado en esta línea y continuará contando con nuestra energía e imaginación para seguir empujando”.

Además, puntualizó que en Uruguay está claro que faltan espacios de intercambios. “Acá es difícil que se generen este tipo de espacios de intercambio y discusión abierta, cuesta reconocer las cosas buenas que hacen los otros, también cuesta reconocer nuestras ignorancias, nuestros miedos”, reflexionó Petit.

Acerca de las buenas prácticas presentadas 

El conversatorio se dividió en dos módulos: en una primera parte se abordó el tema de la creación de espacios de coparticipación y corresponsabilidad de la sociedad civil y el tercer sector para la reinserción de las personas privadas de libertad. La segunda parte se centró en la “creación de nuevos modelos de convivencia y espacios de seguridad”.

El primer módulo fue moderado por Concepción Yagüe, quien presentó a los ejemplos de buenas prácticas como “puntos de partida para compartir entre todos estos anhelos de nuestro trabajo diario y debatir acerca de la viabilidad de estas experiencias y su potencial para abrir caminos.”

Participaron como expositoras en esta primera parte Teresa López Ruíz, directora ejecutiva de la Fundación Atenea y Viviana Soto y Karen Hoecker, del departamento de Educación, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. López Ruiz presentó la experiencia española del Consejo Social Penitenciario y Soto narró acerca de la experiencia de cabildos penitenciarios chilenos.

La segunda parte del conversatorio fue moderada por Jaime Saavedra, quien explicó que las experiencias seleccionadas apuntan a reflexionar acerca de cómo generar “espacios de paz, espacios fraternos y amorosos de convivencia en la compleja vida penitenciaria”.

Participaron en este módulo desde España la directora del Centro Penitenciario de León, Henar García Casado y desde Argentina el director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses. “Módulos de Convivencia y Respeto” fue la experiencia española presentada y Areses contó acerca de la creación de comités de prevención de conflictos.

Mujeres privadas de libertad en Uruguay en cifras 

En Uruguay hay una tendencia general al aumento de la población privada de libertad, tendencia que se agrava cuando se hace foco en la situación de las mujeres. Este aumento se explica debido a cambios en la tipificación y cambios legislativos, particularmente vinculado al tema de estupefacientes.

Según datos presentados por el Comisionado Parlamentario, entre septiembre del año 2020 a septiembre del 2021, hubo un crecimiento del 9% del total de la población en cárceles, mientras que en mujeres creció el 26%.

Durante el conversatorio se señaló que el 68% de las mujeres que actualmente se encuentran privadas de libertad tienen entre 18 y 34 años. Se consignó que el hurto y los delitos vinculados a los estupefacientes son la tipología más común en la privación de libertad y en las condenas: hurto 25.4% y estupefacientes 23.9%. También se destacó que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes visitando a madres es cada vez mayor.

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